Una Reforma Urgente

Un grupo de ONG nacionales afirmamos que la raíz de muchos de los problemas de conservación marina nacional, como la matanza de tortugas por la flota camaronera, el uso ilegal de los muelles privados por flotas extranjeras, y pesca ilegal en la Isla del Coco, se debe al conflicto de intereses que existe en el seno de la junta directiva de Incopesca, constituida por empresarios del sector pesquero industrial.

En respuesta a nuestra posición, el “sector pesquero” en un campo pagado publicado el día 25 de febrero en este periódico, afirma que mentimos y que somos enemigos de los costarricenses.

Es curioso que ahora no acepten los datos de Pretoma sobre el impacto de la flota camaronera nacional, y traten los estudios como “acomodados”. Desde 1995 y hasta el 2005, Pretoma ha realizado tres estudios a bordo de embarcaciones camaroneras nacionales, en proyectos conjuntos con Incopesca, la Cámara Puntarenense de Pescadores (CPP) y la Unión Independiente de Pescadores de Camarón (Unipesca), financiados en su momento por entidades nacionales (Conicit y Micit) e internacionales (USAid y NFWF).

Afirman que la protección que brinda la flota camaronera nacional a las tortugas marinas constituye un modelo en América Latina, pero EE. UU. ha embargado las exportaciones de camarón cuatro veces desde 1999.

Afirman además, que grupos ambientalistas y FAO han avalado la forma correcta de aprovechamiento del recurso tiburón que realiza Costa Rica. Lo que omiten decir es que estas entidades avalan el sistema de exigir la descarga de tiburones con las “aletas adheridas naturalmente”, sistema al cual Incopesca se opuso fieramente, y fue necesaria la intervención de la Procuraduría en tres ocasiones para su implementación.

Si por Incopesca fuera, Costa Rica todavía estaría haciendo el ridículo internacional permitiendo la descarga de aletas de tiburón “amarradas” a los cuerpos.

Hablan de la creación de Áreas Marinas de Pesca Responsable, y citan la intención de crear una en el golfo Dulce, donde el sector camaronero acepta no arrastrar más sus redes.

Lo que no dicen es que hubo que comprar la voluntad política, mediante un pago millonario (en US$) a los dueños de las 57 licencias de pesca de camarón como indemnización, a pesar de que solo 4 barcos operaban en el golfo Dulce. Como son fondos privados, la junta directiva de Incopesca niega vínculos con la negociación.

Bien es cierto que en el 2008 tan solo se capturó una embarcación atunera extranjera pescando ilegalmente en la Isla del Coco, pero un informe del Minae, Guardacostas, y Marviva, reporta el avistamiento de 905 embarcaciones nacionales realizando pesca ilegal en ese mismo periodo, así como el decomiso de 217 equipos de pesca.

Lo positivo del campo pagado es que fortalece nuestra posición, pues expone claramente que es lo mismo el “sector pesquero” y la junta directiva de Incopesca.  Solo eliminando este conflicto de intereses, lograremos una efectiva conservación marina.

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