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Illegal Fishermen 4, Enforcement 0 (ingles solo)

(Traducción de algunos párrafos de la noticia)

Pescadores ilegales 4, Responsables del cumplimiento de la legislación 0

Donde quiera que hay peces hay problemas con las regulaciones y la pesca ilegal.  El Gobierno de Estados Unidos estima que el costo global por pérdidas en ingresos de pescadores legales y comunidades costeras debido a la pesca ilegal, no reportada y no regulada se eleva hasta los 23 billones de dólares.

La entidad Latino Americana, Pretoma, un pequeña organización no gubernamental con base en Costa Rica, dijo que las autoridades costarricenses han archivado casos contra dos barcos camaroneros que habían sido sorprendidos arrastrando ilegalmente dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas Ario en el 2009.

Aunque los dos incidentes están documentados con fotografias, videos, evidencia de posiciones GPS y tres testigos, Pretoma dijo que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura desestimó los casos.

Randall Arauz, fundador de Pretoma dijo que “los camaroneros de arrastre violan regularmente la regulaciones de Costa Rica porque las autoridades fallan al aplicar la legislación.”

La Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha asignado un comisión para examinar las decisiones de las autoridades pesqueras, levantando la esperanza de que las políticas puedan ser endurecidas.

(*Copia comunicado de prensa de Casa Presidencial: Presidenta juramenta comisión para mejorar la buena gobernanza marina)

an José, 20 de diciembre de 2011.Esta mañana  al finalizar la sesión de Consejo de Gobierno, la presidenta de la República, Laura Chinchilla Chichilla, juramentó una comisión que tendrá como objetivo diagnosticar, valorar y recomendar los ajustes precisos para la buena gobernanza marina en Costa Rica.

La Mandataria conformó esta comisión considerando que los mares del país generan distintos bienes y servicios asociados a una gran variedad de actividades, entre las que destacan: pesca comercial y deportiva, maricultura, navegación, rutas de comercialización y tránsito marino, descarga en puertos mercantes, turismo, marinas y atracaderos, observación de cetáceos, investigación y  conservación de biodiversidad marina.

Además, Costa Rica cuenta con un área marina 10 veces más grande que su superficie terrestre, que es fuente de riqueza  para la economía nacional y, por ello, es un  espacio imprescindible de ordenar.

De acuerdo con la Presidenta nuestro país debe redimensionar su visión y ampliar su óptica en relación con los recursos marinos, con la finalidad de protegerlos y fomentar su aprovechamiento sostenible para el beneficio de nuestras futuras generaciones.

La Mandataria aseguró que es necesario designar una comisión como órgano asesor, que analice la institucionalidad marina de Costa Rica, de manera que se fortalezcan las instituciones a cargo del manejo y control marítimo del país, para lograr el control y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y su mejoramiento.

Miembros de la Comisión (de derecha a izquierda): Marco Quesada, Carlos Alvarado, René Castro, María Virginia Cajiao, Xinia Chaves, Ana Lorena Guevara y Alfio Piva

A partir de enero del 2012 esta comisión trabajará consolidando la estrategia a seguir, con el fin de involucrar a todos los usuarios de los bienes y servicios que aporta el mar. Se espera en el término de tres meses -mediante un proceso de consultas y elaboración de mesas temáticas- elaborar un diagnóstico que arroje hallazgos y necesidades para que en el mes de junio, se haga una presentación oficial de la comisión a la presidenta de la República con recomendaciones que conlleven al mejoramiento de la institucionalidad marina para hacer una mejor gestión del mar, todo ello con miras a ejercer una soberanía total de nuestros mares.

En una comunicación PESJ-739-12-2011 a Pretoma el pasado 14 de Diciembre, el Incopesca informó su intención de archivar dos casos por pesca ilegal de parte de dos embarcaciones camaroneras en las aguas protegidas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Arío, donde la legislación nacional prohíbe su operación.

Ver video de la denuncia.

Las embarcaciones Sonia J y Luis Guillermo fueron sorprendidas del  17 de setiembre del 2009 arrastrando ilegalmente sus redes en el Refugio.  Se denunció la situación al Órgano de Procedimientos Jurídicos Pesqueros de Incopesca, con pruebas como fotografías, videos, posición GPS, y tres testigos.  Dos años y nueves meses después, Incopesca informa que el Órgano ordena archivar los dos procesos, “por cuanto existen dudas razonables para los miembros del Órgano Director sobre la veracidad, calibración y certeza de las mediciones realizadas sobre la instrumentación de seguimiento utilizado, en igual manera sobre la certeza que esta embarcación se encontrase faenando en el Área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas Arío.”  Además en la recomendación manifesta: “en estricta aplicación del Indubio pro reo, resulta a todas luces competencia del Minaet, en este caso el Tribunal Ambiental Administrativo, el conocimiento de esta causa.”

“Las violaciones a la Ley de Pesca por parte de la flota camaronera nacional son constantes y perversas, pues Incopesca SIEMPRE exime a la flota camaronera de cumplir la ley, ya sea respeto a Áreas Marinas Protegidas, uso del Dispositivo Excluidor de Tortugas, cumplimiento de las limitaciones que impone la licencia, y obligación de utilizar muelles autorizados en presencia de inspectores,” aseguró Randall Arauz, de la organización nacional Pretoma.  “Cuando el abogado defensor de los camaroneros que violan la ley es el Lic Alvaro Moreno, antiguo empresario camaronero quien a su vez es miembro de la Junta Directiva de Incopesca, pues no es de extrañar que estas denuncias nunca terminan en sanciones,” concluyó Arauz.

“A pesar de pruebas irrefutables y de habernos convocado a dos audiencias, Incopesca tardó casi tres años en desestimar el caso, mostrando la falta de voluntad política de la institución en hacer cumplir la ley,” se lamentó Erick López, de Pretoma y testigo de la operación ilegal en la denuncia interpuesta.  “Obviamente, Incopesca tan solo existe para proteger los intereses pesqueros de los miembros de su Junta Directiva, legislando en beneficio propio o de sus camaradas, en perjuicio de la tortugas marinas que se supone estos Refugios protegen, y por supuesto, del interés público.”

Recientemente, otros tres casos por pesca ilegal de barcos camaroneros en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional también fueron desestimados, pero esta vez por la Fiscalía de Santa Cruz.

Embarcaciones como Sonia J han sido denunciados durante los últimos años por pesca ilegal en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ostional, Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas-Arío, así como en las aguas protegidas del Parque Nacional Guanacaste, sin sufrir consecuencia alguna.

La renuencia de aplicar la Ley por pesca ilegal en Áreas Marinas Protegidas implica una violación a la siguiente legislación nacional.

Ley de Pesca y Acuicultura 8436

Artículo 9

Artículo 32

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 140

Ley Orgánica del Ambiente 7554

Artículo 35

Artículo 42

Ley de Conservación de Vida Silvestre 6919

Artículo 43, Transitorio

(28 de noviembre, 2011 – San José, Costa Rica)

Embarcación Franju III, uno de los barcos observado reincidentemente dentro del AMP de la Isla del Coco.

El vergonzoso primer lugar por ingreso ilegal lo ostenta la embarcación “Albatros”, con 23 ingresos ilegales, seguida por la embarcación “Franju III” con 20 ingresos ilegales, y en tercer lugar “Chaday 1” con 18.  Además, la Compañía Franju S.A. (CJ-603220049) a través de las embarcaciones “Franju II” y “Coopepes 20,” es responsable de 24 ingresos ilegales.  Este es el resultado del Primer Listado de Embarcaciones Identificadas Con Ingreso Ilegal a la Isla del Coco, entre enero 2010 – setiembre 2011, presentado el pasado 22 de noviembre por el Ministro de Ambiente René Castro (DM-952-2011) a Luis Dobles, Presidente de Incopesca.  El Ministro Castro señaló además que estas embarcaciones utilizan combustible exonerado para realizar pesca ilegal en la Isla del Coco y violan su permiso de navegabilidad, menor a 40 millas.  En total, el Listado incluye 13 embarcaciones reincidentes, que ingresan constantemente al Área Marina Protegida del Parque Nacional Isla del Coco, un radio de 22 km de exclusión pesquera alrededor de la Isla del Coco, Nombrada Patrimonio Mundial en 1997 por la UNESCO.

“En Costa Rica hay cientos de embarcaciones operando en el Pacífico, la gran mayoría por Capitanes y tripulaciones conscientes que desean una pesca sostenible,” expresó Randall Arauz.  “Lamentablemente, este pequeño grupo de 13 piratas hace un gran daño al país, a la naturaleza, y a la reputación de su gremio,” se lamentó Arauz.

“El problema es que nunca se les castiga, por lo que no temen reincidir,”, aseguró Andrés Jiménez.  “Incopesca tiene pleno conocimiento de las actividades de estas embarcaciones, pero siguen premiándolos con combustible exonerado y eximiéndoles de cumplir con la ley sobre su navegabilidad. Lo más preocupante de todo es que lo que se observa en la Isla del Coco es solo un reflejo y la punta del Iceberg de lo que pasa en el mar del país”

“Ya que las autoridades de pesca son tan renuentes a tomar acción contra estos piratas, hacemos un llamado a los dirigentes pesqueros del país para que llamen la atención de estos malos pescadores y costarricenses,” dijo Leonora Jiménez.  “Es responsabilidad de todos proteger la Isla del Coco y el tesoro biológico que alberga, especialmente el sector pesquero nacional, tan necesitado de políticas de pesca sostenible,” clamó la modelo internacional.

El Ministro Castro solicitó a Incopesca un informe de las acciones que en vía administrativa y judicial se han ejecutado con el fin de conservar el medio ambiente y fiscalizar el uso correcto del combustible exonerado y el uso adecuado del permiso de navegabilidad.

The Tank Bangers es un grupo musical de buzos que quiere apoyar la

conservación marina.  El grupo producirá un sencillo musical “Our Blue”, y se ha

comprometido a donar una parte de las ganancias a una ONG de conservación marina. ¡Pretoma podría ser esa organización! La organización beneficiada será elegida mediante voto por internet.  Hay tiempo hasta el lunes.  Entre a la página de FB de The Tank Bangers:

Antes de votar, deben solicitar ser miembros del grupo.  Apenas que los acepten, por favor, emitan su voto.  Muchas gracias por apoyar a Pretoma.

Por medio del Ministro de Ambiente René Castro, la Presidencia anunció el día de ayer que la Comisión Marina que investigará la institucionalidad marina del país será interinstitucional, y rendirá un informe final a la Presidencia en 6 meses.  El anuncio lo realizó el Ministro Castro en Casa Presidencial, durante una reunión celebrada con la asesora y coordinadora del Consejo Nacional Ambiental Lic. María Virginia Caijao, la modelo internacional Leonora Jiménez, y los biólogos Wagner Quirós, Andrés Jiménez, y Randall Arauz.

Según explicó Castro, la comisión estará conformada por él de parte del Ministerio de Ambiente,  la Viceministra de Agricultura Xinia Chaves, el Director General del Servicio Nacional de Guardacostas Carlos Alvarado, y María Virginia Cajiao por parte de Casa Presidencia.  Además, un quinto lugar será ocupado por un biólogo o científico marino, que será escogido por la Presidenta a partir de una terna presentada por la modelo y los biólogos. Se espera juramentar la Comisión en las próximas semanas.

“Estamos satisfechos por la decisión de la Presidenta, pues se garantiza mayor objetividad e imparcialidad,”, dijo Randall Arauz.  “Es necesario que se establezca eventualmente una política de conservación y manejo marina que defienda el interés público, por lo cual no sería sano que participen empresarios industriales responsables a su vez de la degradación actual de los recursos marinos,” explicó Arauz.

Cumpliendo con su compromiso, la Presidenta Chinchilla respondió oficialmente a la gestión realizada por el equipo conformado por Leonora Jiménez, David Chacón, Andrés Jiménez y Randall Arauz, y mediante la misiva DP-1162-2011 presentó  un plan para conformar una Comisión Marina que revise la institucionalidad marina nacional y recomiende acciones para mejorar su gestión. El plan fue presentado oficialmente por la Presidenta el pasado 14 de noviembre, en conjunto con el  Ministro de Ambiente Rene Castro.  En su misiva, ambos funcionarios  aclaran que el compromiso de este gobierno con los recursos marinos se manifiesta en al plan nacional de desarrollo 2011-2014, entre cuyas metas se encuentra el ordenamiento y el fomento del sector pesquero y la elaboración de un plan nacional de ordenamiento marino costero, por lo que consideran que esta Comisión les  será de suma utilidad.

En resumen el planteamiento del ejecutivo pretende crear un Consejo Presidencial, con un límite de tres meses para evaluar la institucionalidad marina. El mismo deberá diagnosticar, valorar y recomendar los ajustes precisos para la buena gobernanza marina.  “Consideramos  que es necesario designar un grupo de líderes e intelectuales de reconocida trayectoria que analice la institucionalidad marina de Costa Rica esperando que a partir de las recomendaciones que resulten, se puedan fortalecer las instituciones a cargo del manejo y control marítimo del país,” Pregona la propuesta.

El planteamiento presidencial de esta comisión incluye como coordinadora a la Licenciada María Virginia Cajiao Jiménez asesora y coordinadora del consejo nacional ambiental (consejo presidencial de ambiente), quien fungirá como  el puente que garantice comunicación y coordinación con la Presidencia de la República, el MINAET y demás instituciones públicas involucradas. El grupo será integrado además por un experto en oceanografía o biología marina, un representante de las instituciones gubernamentales, uno del sector pesquero artesanal y otro del sector pesquero industrial, todos los cuales aún se deben designar.

“Consideramos de gran importancia que el experto en biología u oceanografía sea un académico destacado y que se realice la inclusión de un representante de alta credibilidad entre las ONGs nacionales para buscar mayor equidad de sectores representados y con experiencia en los diferentes temas a tratar,” expresó Andrés Jiménez.  “Además buscando equidad en la representatividad y con el afán de evitar parcialización sectorial esperamos que el representante de las instituciones gubernamentales no sea de Incopesca porque si no podría desbalancearse la comisión hacia un lado”.

“Estaremos  vigilantes del proceso, e informaremos oportunamente a la sociedad civil sobre los avances”, aseguró Randall Arauz.  . “Estamos realizando gestiones ante el Ministro  Castro para que nos  tomen en cuenta como una herramienta de nexo con el público.”

”Estamos optimistas, pues la Presidente Chinchilla ha mostrado una gran apertura al llamado de los ciudadanos costarricenses que quieren una mejor gestión de sus preciosos recursos marinos,” afirmó Leo Jiménez.  “Al mar lo están matando, y es nuestra responsabilidad, y de nadie más, hacer algo al respecto, y luchar para exigir  las reformas en la institucionalidad marina del país que tanto necesitamos.”

Para más información:

PRETOMA

(506) 22415227

info@pretoma.org

www.pretoma.org

 El pasado lunes 7 de noviembre, la Secretaría Técnica Nacional de Ambiente (SETENA), por medio del documento oficial 2723-2011, archivó la petición de Granjas Atuneras de Golfito S.A. para construir un proyecto de granja atunera de atún aleta amarilla, en la boca del Golfo Dulce. La decisión de SETENA cierra permanentemente el caso de las Granjas Atuneras, 7 años de intentos para traer la acuacultura industrial a la Costa Pacífica de Costa Rica.

El Presidente de la Asociacion de Pescadores de Pavones, William Mata, estudia el mes pasada el sito propuesto para la instalacion de granjas de atun (foto: Andy Bystrom)

La decisión de SETENA para detener las granjas atuneras se basó en una orden de la Corte Suprema de Justicia, por la aparente falsificación de información en su estudio de impacto ambiental y la expiración del permiso para realizar el proyecto otorgado en el 2004 y en el 2008, entre otros factores.

“Mucha gente trabajó para lograr detener las granjas atuneras: vecinos del Golfo Dulce, la Asociación de No a las Granjas Atuneras de Pavones, abogados y muchos más” dijo Andy Bystrom, consultor de Pretoma. “De parte de todos nos gustaría aplaudir la decisión de SETENA de impedir la realización de este proyecto.”

La aprobación del proyecto hubiera repercutido en la instalación de jaulas circulares localizadas a tan solo 1 km de una de las playas para la anidación de tortugas marinas en la zona sur.  Además, la acuacultura de atún  hubiera sido una gran fuente de desechos biológicos y potencialmente podría haber degradado la calidad del agua y áreas económicamente importantes para el surfing y el ecoturismo, así como en la afectación de poblaciones de peces locales.

Una advertencia en el episodio de las granjas atuneras se relaciona al reciente acuerdo de libre comercio entre Costa Rica y China el cual permite la comercialización de atún engordado en granjas de atún. Debido a esta nueva relación económica, más proyectos de acuacultura industrial se podrían proponer en un futuro cercano.  “Por esta razón, es imperativo que continuemos colectando información sobre la importancia de mantener la integridad ambiental de nuestras costas tanto par el desarrollo económico de las comunidades locales como la protección de especies amenazadas”, dijo Bystrom.

El pasado 3 de noviembre del 2011, mediante el oficio SCM 11-79-2011, la Municipalidad de Nandayure negó oficialmente los permisos de construcción de viveros para tortugas marinas en las playas de las comunidades costeras del distrito de Bejuco.  El oficio refleja que de forma unánime el Consejo Municipal acordó no dar autorización para construcción de viveros justificándose en que; “ya existen algunos Refugios en los cuales se puede practicar este tipo de proyectos”.

Dado el alto índice de saqueo ilegal en estas playas donde todavía no existe protección para las tortugas marinas, los propios vecinos de las comunidades de Corozalito, Bejuco y Costa de Oro habían solicitado a Pretoma ayuda para el monitoreo y protección de las tortugas que llegan a anidar a estas playas. Inclusive, en Playa Corozalito, el 23 y 24 de setiembre pasado se observó una “arribada” de aproximadamente 5000 tortugas. Con anterioridad se solicitaron  los respectivos permisos de investigación y conservación al Área de Conservación Tempisque del Minea, que ya fueron otorgados respectivamente. Sin embargo, un nuevo requisito requiere obtener los permisos de las Municipalidad, por tratarse de áreas ubicadas dentro de la Zona Marítimo Terrestre.

“Está negativa por parte de la Municipalidad de Nandayure funciona en detrimento de la conservación de las tortugas marinas, un deber que como funcionarios públicos deben cumplir,” denunció Randall Arauz, de Pretoma.  Además del artículo 50 de la Constitución de la República, están violentando la Ley de Protección, Conservación y Manejo de tortugas marinas Nº 8325, La Ley de Vida Silvestre, y compromisos adquiridos en la Convención Interamericana para la Protección, Manejo y Conservación de Tortugas Marinas Ley Nº 7906,” añadió Arauz.

Pretoma recurrirá ahora a la Sala Constitucional para garantizar la protección de las tortugas marinas, acompañados por los vecinos de las comunidades afectadas, que desean proteger estas magníficas criaturas de los saqueadores, quienes comercializan ilegalmente los huevos de tortuga y que ponen en mayor riesgo de extinción a estas especies.

“En una reunión con la Junta Municipal antes de brindar oficialmente su negativa para la instalación de los viveros, se nos informó verbalmente que la protección de las tortugas marinas no era congruente con sus planes de desarrollo para la zona, y que debíamos respetar la idiosincrasia de los pueblos Guanacastecos que comen huevos de tortuga” denunció Erick López, vecino de Coyote.  “Para la Municipalidad, la protección de las tortugas marinas es un deber, no una opción,” acotó López.

Las playas de Corozalito, Bejuco y Coyote pueden ser visitadas por hasta 4 especies de tortugas; la  tortuga lora (Lepidochelys olivacea), en mayor número, la tortuga verde del Pacífico (Chelonia mydas), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y en menor número la tortuga baula (Dermochelys coriacea), todas ellas en peligro o vulnerables a la extinción.

Piden Intervención de Incopesca

Presidencia nombrará Comisión que analice institucionalidad marina e Incopesca

(4 de noviembre, 2011 – San José, Costa Rica)

La intervención de Incopesca fue lo que solicitaran el día de ayer Leonora Jiménez, Andrés Jiménez, David Chacón y Randall Arauz a la Presidenta Laura Chinchilla, quien ofreció conformar una Comisión que analice la institucionalidad marina del país e Incopesca, y que recomiende al Poder Ejecutivo las acciones que debe emprender para su reforma.

En una exposición de 30 minutos, la modelo, el activista ambiental, el biólogo comunicador, y el pescador artesanal, resaltaron primero los logros de esta administración en materia de conservación marina, como el cierre de los muelles privados a la descarga de las flotas extranjeras, y la creación del Área Marina de Manejo Montes Marinos.  Señalaron, no obstante, que estos esfuerzos sinceros del Poder Ejecutivo se desvanecen ante las políticas pesqueras dictadas por Incopesca, una institución donde una Junta Directiva con mayoría de representación de empresarios industriales de la pesca toma las decisiones de manejo del recurso, en un claro conflicto de intereses que funciona en detrimento del interés público.  Esto ha tenido un serio impacto socio económico sobre los sectores más vulnerables, como el sector pesquero artesanal, mucho más numeroso pero sin representación.  Además, ha tenido efectos nefastos sobre las especies marinas amenazadas de extinción, como las tortugas marinas y los tiburones, los cuales nuestro país se ha comprometido a proteger en diversos foros.  Esto por supuesto, afecta nuestra credibilidad internacional, al no existir congruencia entre las políticas que Costa Rica pregona en foros internacionales y la que practica domésticamente, sesgada y plagada de favoritismos odiosos para los empresarios de la Junta Directiva de Incopesca.  La intervención inmediata de Incopesca fue propuesta como una medida urgente para iniciar el largo y complejo proceso de reforma de esta institución, para que eventualmente funcione en beneficio del interés público, y que la política pesquera costarricense sea motivo de orgullo y modelo para otras naciones.

Luego de escuchar atentamente a los expositores, La Presidenta admitió que Costa Rica tiene un problema serio en el mar y explicó que el proceso de intervención según la Ley de Administración Pública era un proceso sumamente complejo y largo, y no lo veía como algo viable, especialmente por la urgencia del tema.  Como alternativa, la Presidente ofreció conformar una comisión de expertos que analice la institucionalidad marina del país e Incopesca, y que recomiende al Poder Ejecutivo las reformas que se deben realizar.  La Presidenta se comprometió a presentar un plan dentro de una semana a partir del lunes, sobre la conformación de esta Comisión y las tareas que se asignarán.

“La decisión de la mandataria de conformar una comisión que investigue la institucionalidad marina y a Incopesca es un gran avance, que eventualmente podría marcar un verdadero hito en el tema de conservación marina en nuestro país,” expresó con esperanza Leonora Jiménez.  “Ella mostró verdadera preocupación por el tema, y se comprometió a trabajar con la sociedad civil en busca de soluciones.”

Según Andrés Jiménez, el conflicto de intereses que predomina en la Junta Directiva de Incopesca nunca permitirá que legislación alguna se haga respetar.  “Después de todo, son juez y parte, nunca tomarán una decisión sobre el recurso público que afecte sus intereses personales ni la de sus socios de las flotas extranjeras, y eso es sin duda alguna inconstitucional.”

“El sector pesquero artesanal está muy interesado en desarrollar programas de pesca responsable y sostenible,” informó David Chacón.  “Lamentablemente, las políticas de Incopesca nunca nos favorecen, a pesar de ser un gremio mucho más numeroso que los representados en la Junta Directiva de Incopesca”.

“Nuestra intención no era pedirle a La Presidenta que nos ayudara con los problemas emergentes de la pesca, sino pedirle que tomara las acciones precursoras del cambio de fondo que necesita el país…!UNA REFORMA TOTAL A INCOPESCA!” sentenció Randall Arauz de PRETOMA”, sentenció Arauz.

Para más información:

Randall Arauz:  22415227, 8344 3711, rarauz@pretoma.org

Leonora Jiménez: Leonora@leonorajimenez.com

Andrés Jiménez: andresjmo@gmail.com

David Chacón: dchacon19@yahoo.com